La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que se llevarán a cabo acuerdos de justicia negociada mediante principios de oportunidad y preacuerdos con Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Según Camargo, estas negociaciones permitirán obtener información clave sobre otros actores de mayor jerarquía dentro de la red delictiva que desfalcó la entidad.
Camargo señaló que estas medidas buscan que los acusados se conviertan en testigos clave contra otros funcionarios. "Estamos hablando de que va a haber unos principios de oportunidad y una sentencia preacordada. Esta combinación de mecanismos premiales nos permite que estas personas sirvan como testigos de cargo de otros involucrados en la organización criminal que necesariamente tienen que ser de mayor jerarquía", explicó la fiscal.
La fiscal general también recordó que, en los inicios del caso, los procesados buscaron un principio de oportunidad con inmunidad total, pero las negociaciones actuales han derivado en una solución más equilibrada. "A lo que ha llegado la negociación es a que podamos muy pronto tener unas sentencias preacordadas por algunos de los delitos cometidos y un principio de oportunidad por otros, lo cual nos permite hacer ese equilibrio", añadió Camargo.
También le puede interesar: Denuncian a magistrados del Consejo de Estado por avalar investigación del CNE contra campaña de Petro
En el marco de la investigación, la fiscal delegada, María Cristina Patiño, detalló cómo se constituyó la estructura criminal que operaba dentro de la UNGRD. Según Patiño, Olmedo López, Sneyder Pinilla y otros altos funcionarios crearon una "empresa criminal" para apropiarse de contratos públicos, favoreciendo a empresas relacionadas con sus intereses.
La estructura delictiva operó entre mayo de 2023 y marzo de 2024, involucrando tanto a servidores públicos como a contratistas privados. Entre los señalados se encuentra Luis Eduardo López Rosero, quien, según la fiscalía, dirigía y controlaba más de 30 empresas utilizadas para ejecutar los delitos contra la administración pública.
Este caso es uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración pública reciente, y las negociaciones judiciales con los implicados buscan desmantelar por completo la red criminal y llevar ante la justicia a otros involucrados de alto nivel.