La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad de la Reforma Pensional, promulgada como Ley 2381 de 2024. Cabello argumentó que, durante la plenaria de la Cámara de Representantes, se omitió el debate sobre la iniciativa, al aprobarse el texto del Senado sin deliberación.
En un concepto remitido al tribunal, la jefa del Ministerio Público señaló que, en la sesión del 14 de junio, la bancada de Gobierno presentó una proposición de manera repentina, mediante la cual la Cámara suspendió el debate detallado que se adelantaba. En su lugar, se aprobó apresuradamente la propuesta de adoptar el texto del Senado, según indicó Cabello.
La Procuradora subrayó que, a pesar de que se habían introducido más de 60 modificaciones al texto del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste de diversas bancadas, la Mesa Directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran en bloque la reforma. Esta decisión, en palabras de Cabello, “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.
Cabello también destacó que la presentación intempestiva de la proposición para adoptar el texto del Senado dejó a los congresistas sin tiempo suficiente para revisar y analizar las disposiciones sujetas a deliberación, lo cual, en su criterio, comprometió la seriedad y transparencia del proceso legislativo. Según su informe, esto afectó la capacidad de los legisladores para abordar el tema con el rigor necesario.
Por otra parte, la Procuradora señaló que se limitaron los tiempos de intervención a dos minutos por vocero de cada partido, lo cual, sumado a la presión para votar rápidamente, impidió una discusión adecuada sobre el sistema pensional, tema que, según ella, requiere un análisis técnico exhaustivo debido a su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Cabello cuestionó la decisión de la Mesa Directiva de no ampliar el tiempo de deliberación y de no escuchar a la oposición, pese a las solicitudes de varios congresistas para extender el debate. La Procuradora señaló que el procedimiento adoptado afectó el principio democrático y el requisito constitucional de consecutividad en el trámite legislativo, lo que, según su criterio, constituye un vicio insubsanable.