La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 36 integrantes del Ejército Nacional en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander. Según explicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, los comparecientes no fueron seleccionados como responsables de los hechos debido a sus aportes significativos a la verdad.
Entre los beneficiados se encuentran 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo segundo y un subteniente. Todos ellos accedieron a beneficios que incluyen la eliminación de antecedentes penales, conforme a las normas establecidas en el acuerdo de paz de 2016.
Ramelli destacó que la concesión de la renuncia a la persecución penal implica la extinción de responsabilidad y sanción penal. Este beneficio está diseñado para aquellos que contribuyan a la verdad en los casos bajo la jurisdicción de la JEP, permitiéndoles reincorporarse a la sociedad.
El magistrado enfatizó que esta decisión complementa una resolución previa en la que se imputó a 11 máximos responsables por 120 homicidios relacionados con falsos positivos. Según la JEP, este tipo de medidas busca diferenciar entre quienes tienen la máxima responsabilidad y quienes cumplen con los requisitos de colaboración.
Los comparecientes deberán cumplir con un régimen de condicionalidad estricto como parte de los términos del beneficio. Este requisito asegura que quienes reciban la renuncia a la persecución penal se mantengan dentro del marco de las normas estipuladas por la JEP.
El tribunal advirtió que, en caso de incumplimiento del régimen establecido, los beneficios otorgados podrán ser revocados y los casos de los comparecientes serán remitidos a la jurisdicción ordinaria.