La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra los exsecretarios de Infraestructura de Ibagué, Sharon Dayana Guzmán González y Leonel Alfredo Nieto Suárez, por presuntamente autorizar pagos irregulares a la interventoría de la obra del puente elevado sobre la carrera 5ª. Según el ente de control, se habrían girado $1.928’416.030 sin que el avance de la obra correspondiera con lo pactado con el consorcio Conexión Vial 60.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué también busca determinar si los entonces directores técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Diego Fernando Herrán Triana y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, tuvieron alguna responsabilidad disciplinaria en estos hechos. La investigación se centra en los procesos administrativos y la supervisión de los recursos asignados.
Dentro del proceso se examina si la Secretaría de Infraestructura alteró la modalidad de pago estipulada en el contrato original, lo que podría haber vulnerado los pliegos de condiciones. Asimismo, se indaga si, pese al incumplimiento de los términos de ejecución, se desembolsó el 85 % del valor total del contrato sin la debida certificación de satisfacción, dado que la obra solo reflejaba un avance del 5,67 %.
Otro de los aspectos bajo revisión es la posible omisión en la publicación de las actas y documentos de pago en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). También se analizan presuntas anomalías en los informes utilizados como soporte para tramitar los pagos efectuados al contratista.
Para esclarecer los hechos, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas con el objetivo de verificar la existencia de conductas irregulares y determinar si se configuró alguna causal de exclusión de responsabilidad. Además, notificó a los implicados sobre los beneficios de confesión o aceptación de cargos dentro del proceso disciplinario.
La Entidad comunicó esta decisión al personero de Ibagué y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la alcaldía municipal, indicando que deberán abstenerse de iniciar investigaciones paralelas por los mismos hechos o, en caso de haberlo hecho, suspenderlas de inmediato y remitir el expediente a la Procuraduría para su correspondiente trámite.