La propuesta de adquirir cultivos de coca lanzada por el presidente Gustavo Petro tomó impulso con el borrador de un decreto del Ministerio de Justicia. El documento ofrece detalles sobre cómo se realizarán estas siembras y señala los fines científicos e industriales de su posible uso, en un intento por canalizar legalmente los cultivos que actualmente operan fuera de la legalidad.
Lo que ha llamado la atención es que también se incluye cultivos de amapola, como se planteó en julio de 2023 en la época del entonces ministro Néstor Osuna, ahora, bajo la dirección de Ángela María Buitrago, a elaborar un borrador de decreto que delimita los aspectos legales para implementar el proyecto.
El documento detalla el proceso que deben seguir los cultivadores y entidades interesadas para obtener permisos de siembra y posesión de semillas. Además, establece que aquellas plantas que no sean destinadas a la producción de derivados legales “deberán ser destruidas por las entidades públicas”. Este lineamiento intenta controlar el desvío de la producción hacia actividades ilícitas, considerando el compromiso de Colombia con los tratados internacionales de prohibición de drogas.
El marco regulatorio especial en Colombia para cultivos de drogas ilícitas hasta ahora solo cubre el cannabis, con algunas excepciones para la coca en contextos indígenas. El Gobierno planea reglamentar el artículo 1 de la Ley 13 de 1974 para conceder autorizaciones específicas en pro de “usos médicos, científicos e industriales”.
El proyecto apunta a que solo las entidades públicas puedan obtener estas autorizaciones, buscando “minimizar el riesgo de desvío de las sustancias fiscalizadas al mercado ilícito”, según informó el Ministerio. Las solicitudes deberán ser aprobadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y los proyectos deberán incluir acuerdos con comunidades campesinas o étnicas para una distribución justa de los beneficios.