En el marco de la investigación sobre las irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación dio detalles de la suscripción de preacuerdos con varios de los implicados en el megaescándalo de corrupción en esa entidad del gobierno. Los acuerdos incluyen la aceptación de responsabilidad por diversos delitos y el compromiso de reintegrar el dinero del cual se habrían apropiado indebidamente.
Entre los firmantes del preacuerdo se encuentra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, quien deberá cumplir una pena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Además, López Martínez deberá restituir 724 millones de pesos.
Otro de los implicados es Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector del Manejo del Riesgo de la UNGRD, quien aceptó su responsabilidad por los mismos delitos. Pinilla Álvarez recibirá una condena de 6 años, 6 meses y 9 días de prisión, y deberá reintegrar la suma de 618 millones de pesos.
En el caso de Luis Eduardo López Rosero, un contratista, se determinó que debe cumplir una pena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión. López Rosero es señalado de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Además, deberá devolver 7.722 millones de pesos.
Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la UNGRD, también firmó un preacuerdo en el que se compromete a cumplir una pena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, y deberá restituir 1.000 millones de pesos.
Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento de la UNGRD, fue incluido en el acuerdo por los delitos de peculado por apropiación y soborno. A él se le impuso una pena de 3 años, 7 meses y 13 días, así como el reintegro de 150 millones de pesos. Finalmente, Édgar Eduardo Riveros Rey, quien enfrenta un cargo por soborno, deberá cumplir una pena de 5 años y 3 meses de prisión.
Los preacuerdos son socializados con las víctimas este martes 19 de noviembre desde las 8:00 de la mañana y, durante el transcurso de la semana, serán radicados ante un juez de la República para su respectivo control.