El expresidente de Coosalud, Jaime González, presentó una denuncia contra los superintendentes de Salud, Giovanni Rubiano, la superintendente Solidaria, María José Navarro, tras acusaciones surgidas después de la intervención del conglomerado que incluye una Entidad Promotora de Salud (EPS). La demanda se da por los señalamientos de supuesto lavado de activos y posibles irregularidades.
El 19 de diciembre de 2024, el Gobierno, mediante la Superintendencia de la Economía Solidaria, asumió el control total de Coosalud. La medida busca auditar las operaciones de las empresas para determinar si ameritan intervención administrativa o liquidación. Según la entidad, su propósito es supervisar “la actividad financiera del cooperativismo y el manejo de recursos captados por organizaciones de economía solidaria”.
El proceso incluye una auditoría que durará dos meses, durante los cuales se evaluará la viabilidad de las operaciones financieras. Uno de los objetivos es analizar movimientos de dinero entre las empresas que componen Coosalud, porque presuntamente, existen indicios de un supuesto riesgo de lavado de activos que debe ser investigado. Esa acusación generó la indignación del exejecutivo.
Una semana después, este jueves el 26 de diciembre, González interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, señalando a Rubiano y Navarro por los delitos de injuria y calumnia agravada.Por otros señalamientos similaresya había demandado al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
El expresidente de Coosalud argumentó que las afirmaciones realizadas por los superintendentes afectan su nombre y trayectoria profesional. González, quien ocupó la presidencia de la cooperativa desde 1996 hasta noviembre de 2024, sostiene que las acusaciones son infundadas y responden a una persecución administrativa.
Esta denuncia se presenta en medio de las investigaciones sobre supuesta corrupción en la cooperativa financiera, que derivaron en la intervención.
En la reorganización iniciada en 2017 y luego la restructuración impulsada como respuesta a las exigencias operativas durante la pandemia de 2020. Se ha dicho que se implementaron estrategias que incluyeron la búsqueda de recursos para garantizar la continuidad de los servicios, pero ahora son objeto de escrutinio por presuntas irregularidades.