Este 9 de octubre, el defensor Jaime Granados solicitó a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá que se excluyan las interceptaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena, argumentando que estas vulneran los derechos a la intimidad de su cliente.
Granados fundamentó su petición señalando que las interceptaciones fueron realizadas sin justificación y sin la correspondiente orden judicial. El defensor argumentó que las pruebas obtenidas de estas interceptaciones violan la Constitución Política de Colombia, dado que no existía una autorización legal para llevar a cabo dichas escuchas.
En el marco de las audiencias preparatorias del juicio contra Uribe por presunta manipulación de testigos, Granados enfatizó: “Su señoría, la defensa solicita se excluyan, por ilegales, las interceptaciones telefónicas realizadas a la línea de telefonía celular que el doctor Álvaro Uribe Vélez ha tenido siempre desde el año 99”. Esto hace referencia a las pruebas que la Fiscalía pretende usar en el juicio.
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Además, el defensor destacó que “a la luz de los estándares internacionales de Derechos Humanos, es claro que la interceptación de comunicaciones telefónicas, dentro del contexto de una investigación penal, se trata de una injerencia muy grave en el ámbito de la vida que está protegida por la Constitución y la ley”.
Cabe recordar que en enero de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró que las interceptaciones en contra de Uribe y Cadena eran legales. El fallo indicó que “no viola la Constitución, pues estuvo respaldada mediante una orden judicial debidamente proferida con el lleno de las formalidades por una autoridad competente”.
La decisión de la jueza sobre la solicitud de Granados tendrá implicaciones en el desarrollo del juicio, que se centra en las acusaciones de manipulación de testigos contra el expresidente Uribe. La controversia en torno a las pruebas y su legalidad seguirá siendo un punto focal en este proceso judicial.