La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la negativa de conceder la libertad al exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, quien había sido designado como Gestor de Paz mediante una Resolución Presidencial de Gustavo Petro.
La decisión argumenta que la medida solicitada por el Gobierno Nacional no cumple con los principios de justicia y derechos de las víctimas, factores que deben ser tenidos en cuenta en el contexto de la paz transicional.
El pronunciamiento de la Sala indica que, tras analizar el alcance de la paz en relación con la justicia, concluyeron que la propuesta de libertad carece de proporcionalidad. “Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno Nacional”, señala el documento.
La Corte recordó que la jurisprudencia constitucional establece un test de proporcionalidad que evalúa si una medida es adecuada y operante en relación con sus objetivos. A pesar de que la suspensión de medidas de aseguramiento podría ser un aporte legítimo a la paz, el tribunal concluyó que el propósito de paz no justifica beneficios que ignoren los derechos de las víctimas y la justicia transicional.
Asimismo, el alto tribunal resaltó la necesidad de salvaguardar los derechos de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. “Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DDHH, lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas”, afirmó la Sala en su resolución.
La Sala Penal también cuestionó el otorgamiento de un beneficio como la libertad sin que Mancuso haya contribuido efectivamente a la verdad y reparación de las víctimas. “En la resolución en comento no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas”, enfatizó el tribunal, aludiendo a la falta de compromisos específicos de Mancuso con el sistema de Justicia y Paz.
La Corte Suprema no acogió los argumentos de Mancuso, quien afirmó que el límite para su detención debería depender del fin del conflicto armado o el desarme de grupos ilegales. La Sala argumentó que esta meta es vaga y carece de fundamentos que demuestren cómo la intervención de Mancuso sería determinante para la paz, señalando además que no cuenta con el respaldo de todos los grupos armados con los que el Gobierno busca negociar.