Domingo, 22 de diciembre de 2024 Suscríbase
Temas
Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema acusa a exsenador Carlos Ferro por presunto delito de concusión

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Carlos Ferro Solanilla por el presunto delito de concusión, relacionado con el nombramiento de un funcionario en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Foto: Facebook.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha acusado formalmente al exsenador Carlos Ferro Solanilla por el presunto delito de concusión. El caso se centra en el nombramiento de un funcionario en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien, según la acusación, entregaba su salario a personas cercanas a Ferro a cambio de que este le cotizara salud y pensión.

Según la investigación de la Corte, el exsenador habría exigido al funcionario el salario devengado, con la condición de que la remuneración fuera entregada a personas de su confianza. A cambio, Ferro presuntamente realizaba las cotizaciones a la seguridad social, permitiendo al trabajador sumar semanas para su pensión. "La Sala de Instrucción acusó al exsenador Carlos Roberto Ferro por el presunto delito de concusión", informó la Corte Suprema.

También le puede interesar: Si muere Gaza, muere la humanidad: Gustavo Petro en la ONU

La defensa del excongresista solicitó la prescripción de la acción penal en este caso, pero la Corte Suprema rechazó la petición. La decisión del tribunal implica que el proceso judicial continuará y que Ferro enfrentará los cargos en su contra en la Sala de Primera Instancia una vez quede en firme la acusación.

El caso de Ferro ha generado atención por las implicaciones legales y éticas que conlleva, ya que involucra el uso indebido de su posición como senador para obtener beneficios económicos a través de la manipulación de las cotizaciones de seguridad social de un trabajador en su UTL.

Este proceso judicial es uno de los varios que la Corte Suprema de Justicia está llevando a cabo en su esfuerzo por combatir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas entre los funcionarios públicos en Colombia.