El Consejo de Estado reaccionó este lunes a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que cuestionó la imparcialidad de sus decisiones judiciales. A través de un comunicado oficial, la institución expresó su “contundente rechazo” ante los mensajes emitidos por el mandatario, los cuales considera que “ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia” con la que actúa esta Corporación.
El comunicado recordó que las sentencias y decisiones del Consejo de Estado, como máxima autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se basan en procesos “ajustados a la Constitución y a la ley”. Según la entidad, estas actuaciones están guiadas por los principios de autonomía e independencia judicial, fundamentales para el funcionamiento de la justicia en Colombia.
Asimismo, el Consejo de Estado rechazó las acusaciones que señalan que sus decisiones responden a intereses políticos. El organismo afirmó que las afirmaciones que sugieren que las sentencias son tomadas “con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular” carecen de sustento y distorsionan la realidad. En este sentido, destacó que este tipo de mensajes envían un “mensaje equivocado” a la sociedad.
El texto también rechazó las declaraciones del presidente Petro que califican las decisiones judiciales de “golpe blando” o “perfidia”, términos que la Corporación considera un ataque directo a la función del poder judicial. Según el Consejo de Estado, este tipo de pronunciamientos desconocen la independencia y autonomía de los jueces, quienes actúan “libres de todo tipo de presión”.
Por otro lado, el Consejo hizo un llamado a la reflexión, resaltando la importancia de respetar la independencia judicial como base del equilibrio y la separación de poderes. En el comunicado, se subrayó que la confianza en las instituciones es esencial para el funcionamiento de una democracia estable, ya que su debilitamiento podría favorecer a aquellos que buscan intereses personales en lugar del bienestar común.
El alto tribunal instó a los altos funcionarios del Estado, en especial al presidente de la República, a emitir manifestaciones que estén acordes con la responsabilidad que implica su cargo en un Estado democrático y de derecho. La Corporación reiteró la necesidad de que el respeto por las instituciones sea un principio fundamental para el adecuado funcionamiento de la democracia.