La decisión del TJUE marca el fin de un prolongado litigio que enfrentó a la Comisión Europea con Apple e Irlanda. El tribunal con sede en Luxemburgo respaldó la posición de Bruselas, que en 2016 determinó que la multinacional estadounidense se benefició de un trato fiscal preferencial entre 1991 y 2014, permitiéndole pagar considerablemente menos impuestos de lo debido.
En 2020, un fallo inicial favoreció a Apple e Irlanda, argumentando que la Comisión Europea no había demostrado la existencia de una ventaja fiscal selectiva para Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOP). No obstante, el TJUE revocó esta sentencia, señalando que el tribunal de primera instancia "erró al declarar que la Comisión no había demostrado suficientemente" la atribución fiscal de los beneficios generados por las ventas de productos Apple fuera de Estados Unidos a las sucursales irlandesas.
El tribunal europeo concluyó que, según la legislación tributaria irlandesa, las actividades de las filiales de Apple en Irlanda debían compararse con las de otras filiales de estas sociedades, particularmente sus sedes centrales fuera de Irlanda, y no con otras empresas del grupo como la matriz en Estados Unidos.
La Comisión Europea argumentó que la exclusión de la base imponible de los beneficios derivados del uso de licencias de propiedad intelectual de dos sociedades del grupo estadounidense constituía una "ayuda de Estado incompatible con las normas europeas". El TJUE respaldó esta posición, confirmando el enfoque defendido por Bruselas durante todo el proceso.
Este veredicto resuelve definitivamente un conflicto que ha persistido durante casi una década, centrado en los acuerdos fiscales o 'tax rulings' que permitían a Apple pagar menos impuestos en Irlanda. La decisión representa una victoria significativa para la Comisión Europea en su lucha contra las prácticas fiscales que considera injustas dentro de la Unión Europea.