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Búsqueda de google utilizada por la policía: Orden de búsqueda por palabra clave

Activistas y defensores de las libertades civiles plantean preocupaciones sobre la privacidad y derechos constitucionales al cuestionar la legalidad de la orden de búsqueda por palabra clave utilizada por la policía en casos penales.

Foto: EFE

El uso de datos de búsqueda de Google por parte de la policía para resolver casos penales está enfrentando un nuevo desafío legal de defensores de las libertades civiles. El caso en Pensilvania, donde la policía solicitó a Google información sobre usuarios que buscaron el nombre o dirección de una víctima violada, ha llevado a activistas a cuestionar la constitucionalidad de la técnica conocida como orden de búsqueda por palabra clave.

En documentos judiciales, se reveló que la policía obtuvo la dirección IP de un usuario que buscó la dirección de la víctima antes del ataque. Este avance condujo al arresto de un oficial penitenciario. Sin embargo, la Electronic Frontier Foundation y la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal argumentan que las órdenes de búsqueda por palabra clave son excesivamente amplias y pueden violar los derechos de privacidad de personas inocentes.

Las órdenes de búsqueda por palabra clave permiten al gobierno explorar información altamente privada, según los defensores de las libertades civiles. La Electronic Frontier Foundation sostiene que estas órdenes deberían considerarse inconstitucionales, y la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania será crucial para determinar la validez de esta técnica de investigación.

En octubre, la Corte Suprema de Colorado permitió el uso de pruebas obtenidas mediante una orden de búsqueda por palabra clave en un caso de asesinato. Esta decisión generó inquietudes sobre el posible aumento del uso de esta técnica por parte de la policía. Sin embargo, los defensores de la privacidad esperan que la Corte Suprema de Pensilvania pueda ofrecer un enfoque diferente y más cauteloso.

En diciembre, Google puso fin a su práctica de responder a órdenes de geocerca, que solicitaban datos de ubicación. Los defensores de la privacidad consideran que esta medida hace que sea aún más crucial que los tribunales revisen y determinen la constitucionalidad de las órdenes de búsqueda por palabra clave, que podrían volverse más comunes a medida que la policía busca nuevas herramientas de investigación.

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