El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, ha sabido sortear las críticas estableciendo mesas de diálogo con comunidades indígenas, campesinos y firmantes de paz. Sin embargo, seguimos comprometidos en descubrir qué está ocurriendo realmente en los territorios.
El proceso de paz, especialmente el punto uno del acuerdo de La Habana, se centra en la restitución de tierras. Este punto no fue creado por capricho, sino como una solución estructural a los conflictos históricos en Colombia. La meta es restituir aproximadamente 3,600 hectáreas, una bandera del presidente Gustavo Petro.
Comparando con administraciones anteriores, el gobierno de Iván Duque había restituido cerca de 1 millón de hectáreas para octubre de su mandato. El gobierno de Petro ha superado esta cifra, alcanzando 1,600 hectáreas. Sin embargo, muchas organizaciones han señalado irregularidades en el proceso de otorgamiento de tierras.
En nuestra primera entrega, hablamos sobre la contratación irregular en la Agencia Nacional de Tierras. En la segunda entrega, campesinos denunciaron que las tierras prometidas no eran entregadas o estaban ocupadas. Hoy, en esta tercera entrega, profundizamos en las condiciones de las tierras entregadas.
Luz Marina Giraldo, firmante de paz, nos acompaña para discutir la situación actual. Ella destaca que el punto uno del acuerdo de paz busca equilibrar el uso y manejo de la tierra, asegurando que las tierras entregadas sean productivas y representen una opción de desarrollo social.
Sin embargo, hay preocupaciones sobre la calidad de las tierras entregadas. Se han reportado casos de tierras baldías, sin suministros adecuados de agua, sin conectividad con carreteras cercanas, e incluso tierras que pertenecían a grupos paramilitares, lo que representa un riesgo para los beneficiarios.
Luz Marina subraya la importancia de entregar tierras productivas y viables para los firmantes de paz y otras comunidades. La entrega de tierras en malas condiciones no solo incumple con los acuerdos de paz, sino que también pone en peligro el desarrollo y la seguridad de las comunidades.