El presidente Gustavo Petro firmó el Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2025, que establece un monto total de 523 billones de pesos. Sin embargo, debido a la falta de aprobación de la reforma tributaria en el Congreso, se deberán recortar 12 billones de pesos que estaban previstos en el proyecto de Ley de Financiamiento.
No obstante, varias voces, entre otras la del presidente del Senado, Efraín Cepeda, dicen que igual el gobierno tiene 103 billones de pesos disponibles porque no los ejecutó y eso representa casi 10 veces más de lo que pedía con la Reforma Tributaria.
Petro señaló que firmó el presupuesto “tal y como se presentó ante el Congreso”, haciendo referencia a los recursos inicialmente solicitados por el Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario explicó que se recurrirá a un decreto para establecer las partidas que deberán ser recortadas, mientras se logra encontrar la financiación necesaria.
Petro también comentó que la no aprobación de la reforma tributaria fue producto de lo que calificó como “la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”. De acuerdo con el presidente, este impedimento complicó el proceso de conseguir los recursos adicionales que se necesitaban para cumplir con el presupuesto propuesto.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda emitió una exposición de motivos en la que explicó que la expedición del presupuesto a través de un decreto con fuerza de ley se debió a la omisión del Congreso. El Ministerio señaló que, conforme al artículo 113 de la Constitución, el Gobierno tiene la obligación de colaborar armónicamente para garantizar la ejecución de las políticas públicas y proteger a los sectores más vulnerables.
El proyecto original de presupuesto contemplaba una reforma tributaria que generaría 12 billones de pesos adicionales, aunque después el ministro de Hacienda, Diego Guevara, expresó que al menos 9,8 billones ayudaría en las metas de gobierno. Entre las propuestas de la reforma se incluían la reducción del impuesto de renta corporativo a las empresas y el aumento gradual del impuesto al carbono, lo que podría incidir en el costo de combustibles.