El representante a la Cámara, Christian Garcés, presentó ponencia negativa de la Ley de Financiamiento, a través de la cual el gobierno busca sumar recursos al presupuesto de la vigencia 2025, a través de impuestos a algunos sectores.
El proyecto está en controversia porque, entre otras voces, el presidente del Congreso e integrante de la comisión cuarta de Senado, Efraín Cepeda, considera que es inaudito aprobar la iniciativa sin conocer el monto del presupuesto que va a emitir el presidente Gustavo Petro por decreto. El mandatario deberá decretarlo, debido a que las comisiones económicas (terceras y cuartas) lo negaron, por primera vez en la historia.
En el sustento de su propuesta, Garcés abre el debate en que se aumentan los gastos de funcionamiento, aspecto que coincide con un año preelectoral. “El presupuesto para el 2025, que asciende a 523 billones de pesos, refleja un aumento nominal de 3.9% respecto al año anterior. Sin embargo, lo que llama la atención es la distribución de estos recursos, donde los gastos de funcionamiento absorben la mayor parte, con 327 billones de pesos, lo que representa un aumento de 6.2 % en comparación con el año 2024”.
Dice el congresistaque “teniendo en cuenta la realidad económica que vive el país se demuestra que no es el momento de una Ley de Financiamiento que no termina de ser más que una Reforma Tributaria que afecta el bolsillo de los colombianos”.
La ponencia también destaca que “la reducción de la inversión pública en un 17.4% en comparación con el año anterior es un indicador claro de que los gastos de funcionamiento están desplazando recursos que podrían estar destinados a proyectos de inversión que generen crecimiento y desarrollo económico”.
El monto inicial del presupuesto era de 511 billones de pesos, pero estaba desfinanciado por 12 billones, que el gobierno pretende cubrir con la Ley de Financiamiento, sin embargo, las críticas se centran en que significarían más impuestos para los ciudadanos.