El proyecto de Acto Legislativo que reforma el Sistema General de Participación busca otorgar más recursos a las regiones para fortalecer su autonomía y mejorar el desarrollo territorial. Según los defensores de la iniciativa, que tiene seis de ocho debates aprobados en el Congreso, significaría un avance hacia una mayor autonomía de las regiones, permitiéndoles administrar fondos de acuerdo con sus necesidades locales.
La propuesta considera que el incremento de recursos fortalecerá la capacidad de gestión en sectores como educación e infraestructura. Sin embargo, desde el Consejo Gremial Nacional consideran que "más recursos no garantizan una mayor autonomía", en referencia a experiencias pasadas en las que los aumentos de presupuesto no lograron una mejor administración en las regiones.
Uno de los cuestionamientos es sobre la capacidad administrativa de algunas entidades territoriales, especialmente en aquellas regiones con menores recursos y capacidades de gestión. El Consejo Gremial, el cual reúne a los gremios del país, señala que "la autonomía genuina requiere una planificación cuidadosa", y advierten que ciertos territorios podrían enfrentar dificultades para administrar los fondos de manera efectiva. Esta situación plantea dudas sobre si todas las regiones del país podrán asumir responsabilidades adicionales sin comprometer su eficiencia.
El argumenta del bloque gremial es que algunas áreas requieren recursos y capacidades superiores a las que muchas entidades locales podrían ofrecer.
El Consejo Gremial Nacional manifestó que la reforma debería incluir un análisis profundo de su impacto fiscal y una alineación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Según los representantes gremiales, la redistribución de competencias y responsabilidades debe adaptarse a la “realidad diferenciada” de cada región, considerando que la capacidad administrativa y financiera de los territorios varía significativamente. Sugieren, además, que el proyecto contemple las diferencias regionales en el diseño de los recursos asignados.
La aprobación de esta reforma también ha suscitado interés en los mercados nacionales e internacionales, que observan su potencial efecto sobre la estabilidad económica de Colombia. Los gremios económicos han señalado que “es fundamental mantener un balance adecuado entre descentralización y sostenibilidad fiscal” en la implementación de la reforma, como un requisito para que el proyecto se traduzca en mejoras concretas en la calidad de vida y en el crecimiento regional.