Tras una exhaustiva agenda de 10 días en Colombia, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, presentó un informe preliminar destacando tanto los avances como los desafíos que enfrenta el país en cuanto a la protección de estas poblaciones.
En el informe, Calí Tzay reconoció la inclusión de un capítulo étnico en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, así como el avance en la legislación y jurisprudencia en materia de derechos indígenas. Sin embargo, señaló que persisten importantes deudas pendientes, incluyendo el reconocimiento efectivo del derecho a la libre determinación, autonomía y territorio, así como la participación política y el consentimiento previo, libre e informado en decisiones que afectan a estas comunidades.
Uno de los principales problemas identificados es la falta de efectividad del Estado, especialmente a nivel local, para materializar la protección de los derechos indígenas. Además, la presencia de grupos armados ilegales y agentes económicos que operan al margen de los derechos humanos agrava la situación.
El relator expresó preocupación por la continuación del conflicto armado en territorios indígenas, con reclutamiento de menores, instalación de artefactos explosivos y asesinatos selectivos de líderes y autoridades indígenas. También alertó sobre el riesgo de utilización de territorios indígenas como moneda de cambio en negociaciones de paz con grupos armados no estatales.
El informe resalta la urgencia de adoptar medidas para prevenir la extinción física y cultural de 71 pueblos indígenas en riesgo, así como la importancia de reconocer y proteger sus derechos territoriales para garantizar su supervivencia.
Frente a estos desafíos, el relator instó al Gobierno actual a implementar nuevas políticas de seguridad humana, drogas y paz total, basadas en la protección efectiva de los derechos indígenas. Se subraya la necesidad de promover el diálogo directo con los pueblos indígenas para la construcción de una paz duradera y la implementación de medidas para fortalecer su autonomía y coordinación con la justicia ordinaria.
El informe concluye con una serie de recomendaciones al Estado, entre las que se incluyen promover diálogos directos con los pueblos indígenas, cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional en materia de derechos indígenas y garantizar la implementación de medidas de fiscalización de drogas respetando los derechos y características culturales de estas comunidades.