A finales de agosto, el Gobierno acordó con los bancos y su gremio, más de 55 billones de pesos en recursos de crédito a sectores como vivienda, manufactura, industria, agricultura y turismo. Este acuerdo se dio como una forma de evitar una ley de inversiones forzosas, idea que improvisó, tal como suele hacer, el presidente Petro en algunos de sus discursos y que fue rápidamente retomado —y, obviamente, justificado— por sus obedientes ministros.
Tal como suele pasar ante la actuación recurrente del Gobierno, el acuerdo se ha explicado como una buena noticia al ser una demostración de su capacidad de negociación. Una nueva oportunidad en la que algunos analistas explican desde el deseo. No obstante, no es ni lo uno, ni lo otro.
Comencemos por lo que refleja la noticia. De un lado, por el acuerdo, el Gobierno ya no pasará una ley. Es decir, esto fue un chantaje y no una negociación. Del otro, es reflejo de lógicas de capitalismo clientelista: las decisiones se toman para beneficiar a ciertos sectores económicos, sin pensar en los intereses de los ciudadanos. El éxito económico por decisiones políticas.
¿De qué se trata el acuerdo? ¿De qué las inversiones forzosas?
Supuestamente el acuerdo es para evitar las inversiones forzosas, pero igual estas no desaparecen. El acuerdo es, cómo lo serían las inversiones forzosas, una forma de tomar decisiones económicas, financieras, por razones políticas y no por cálculos de la bondad o perspectivas de éxito de los proyectos productivos que necesitan financiación.
Es, en últimas, el dedo del Gobierno, eligiendo ganadores y, por lo tanto, perdedores.
Este hecho no lo cambia el que los banqueros hayan aceptado. Ellos, como cualquier sector social que tiene mucho qué perder, prefieren ceder, adaptarse ante la presión de los poderosos. Pero no debe olvidarse que hubo primero presión.
En tercer lugar, miremos las implicaciones. Si los acuerdos anunciados llegan a convertirse en realidad, esto implica:
-Distorsiones en estructura productiva. Más financiación de proyectos que el Gobierno decidió debían ser ganadores, pero eso no necesariamente los convertirá en exitosos. Algunos, incluso, podrían convertirse en iniciativas zombi: están muertas, pero sobreviven por el impulso que les dan más y más recursos.
-Menor preocupación por el riesgo. Aunque el presidente Petro afirmó que no garantizarán el 100 % de cada uno de los créditos, sí respaldarán cerca del 80 %. Esto puede incrementar las tasas de interés para toda la economía y, además, hacer que quienes otorgan los créditos relajen los indicadores que los llevan a aprobar ciertos créditos y no otros.
-Pero, además, esto puede llevar a que los colombianos que hoy ahorran reciban menos por sus recursos.
-Menos recursos disponibles para otros proyectos, de otros sectores: esos 55 billones iban a ser asignados a otros proyectos que, sin ayuda del Gobierno, hubieran demostrado que son viables.
-En últimas, menos satisfacción de necesidades y deseos de la sociedad. Un proyecto es exitoso o no, según las satisfaga. Esto se incorpora en los supuestos que se asumen para la exploración de la viabilidad financiera de las ideas de negocio. Si una idea es inviable desde ese punto de vista es porque existen dudas sobre su valoración social. Por ello, si un proyecto no es objeto de crédito, es porque puede no ser un buen uso de los recursos escasos. De ese estudio se encargan los bancos, con errores y aciertos. Pero pasarse por alto eso es llevarlos a financiar proyectos que no contribuyan a la sociedad, sino a los deseos de los políticos.
Así, si el acuerdo se convierte en realidad, se traducirá en ineficiencia, politización y pérdida de recursos para los ahorradores.
No obstante, hay dudas sobre su materialización, lo que solo es resultado de la improvisación en la idea. ¿Cómo sabremos si se cumple o no?
Primero, no son claros los indicadores de cumplimiento. La poderosísima Laura Sarabia ha dicho que hará seguimiento, pero esto no es fácil de hacer solo con reuniones. Segundo, no hay una focalización clara. Se establecen unos sectores, pero se dice que otros también podrán recibir recursos. Es decir, lo que siempre ha hecho la banca. Tercero, se afirma que se mantendrán todas las condiciones de mercado. Si es así, pues no se puede cumplir el acuerdo. Sería más de lo de siempre. Por último, no se han discutido los mecanismos, las tasas ni las garantías.
Así las cosas, el acuerdo no es ni una buena noticia, ni demuestra un gobierno conciliador. Es una demostración de fuerza de parte del Gobierno que, sin embargo, no tiene en cuenta lo que se necesita para ponerla en marcha. Es otro ejemplo más de cómo se manejan las cosas en este Gobierno y que se reducen a darle gusto a los caprichos del presidente, que bota ideas, pero luego se le van olvidando y que ni sabe cómo ponerlas en práctica. Por ello, la medida desesperada es la presión y forzar a la sociedad a aceptar ideas que nunca se habrían aceptado.