El Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, enfrenta una advertencia importante sobre su cumplimiento de la regla fiscal en 2024, según el análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Este organismo ha señalado que el Gobierno estaría incluyendo en sus cálculos $10 billones provenientes de fuentes no sostenibles, lo que podría llevar al incumplimiento de la regla fiscal establecida para mantener la estabilidad financiera del país.
El CARF, cuya misión es garantizar la prudencia fiscal y el manejo responsable de las finanzas públicas, ha resaltado la importancia de excluir ingresos no estructurales de los cálculos gubernamentales. En este caso, los $10 billones en disputa se originan en arbitramentos de litigios y representan un activo contingente, lo que significa que su recepción no está garantizada en el plazo esperado ni de manera recurrente.
Según el informe del CARF, el incumplimiento de la regla fiscal podría elevar el déficit primario neto estructural a 0,8 % del PIB, lo que pondría en riesgo la estabilidad financiera del país. Para evitar esta situación, el Gobierno deberá buscar otras fuentes de ingresos permanentes que garanticen la sostenibilidad fiscal.
Además, el Comité ha destacado la necesidad de ajustar el precio del ACPM para reducir los déficits fiscales y brindar recursos adicionales ante eventuales contingencias. Este ajuste, que se ha utilizado para mitigar los huecos en el Fondo para la Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC), es fundamental para mantener la estabilidad financiera del país.
Sin embargo, el CARF también ha advertido que el país enfrenta presiones fiscales significativas debido al crecimiento del gasto primario sin el respaldo del FEPC. Esto ha llevado a un aumento en los costos del servicio de deuda, que representan más del 4 % del PIB y consumen el 25 % de los ingresos tributarios.
El Gobierno colombiano enfrenta desafíos importantes en materia fiscal, que requieren ajustes en sus políticas para garantizar la estabilidad financiera y mantener la confianza de los inversores. Con la deuda del país proyectada para alcanzar el 57 % del PIB al finalizar 2024, es fundamental tomar medidas adecuadas para asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas y evitar mayores riesgos económicos.