La Cumbre Colombiana del Carbón 2023, que tuvo lugar en Barranquilla los días 19 y 20 de octubre, reunió a líderes, expertos y empresarios del sector para explorar diversas perspectivas de la cadena de valor del carbón en Colombia y su relevancia en la transición energética global.
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, destacó la importancia de este evento al permitir presentar las perspectivas de expertos en la cadena de valor del carbón, tanto a nivel nacional como global. También señaló los desafíos relacionados con la transición energética y la necesidad de avanzar en tecnologías que reduzcan las emisiones derivadas de la combustión del carbón.
Cante resaltó que el sector del carbón en Colombia contribuye significativamente al desarrollo económico y social de las comunidades al aportar cerca de 3 billones de pesos anuales en regalías. Estas regalías financian proyectos en infraestructura, transporte, vivienda, educación, agricultura y desarrollo rural, entre otros.
Colombia ocupa la undécima posición a nivel mundial en reservas de carbón, con un potencial estimado de 16.568 millones de toneladas. Además, el país es un importante exportador de coque, su principal producto industrial, a más de 30 países, lo que lo coloca en el tercer lugar a nivel global en términos de volumen anual.
La producción de carbón en Colombia se espera que alcance los 25 millones de toneladas durante el primer semestre de 2023, con una estimación de llegar a 55 millones de toneladas al final del año.
Carlos Cante señaló que la industria del carbón tiene buenas perspectivas de demanda, y se espera que el mundo continúe consumiendo grandes volúmenes de carbón hasta el año 2050, con una estimación de 8.000 millones de toneladas.
En cuanto a la legislación minera, el presidente de Fenalcarbón expresó su preocupación por los posibles cambios en el régimen jurídico que podrían afectar a las empresas que han invertido en proyectos mineros bajo las reglas existentes. Destacó la importancia de un régimen de transición para cualquier cambio en las reglas de juego, tanto para el bien de las empresas como para evitar posibles demandas contra el país.