El Concejo de Medellín aprobó recientemente la venta de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) posee en Tigo-UNE. Esta autorización fue dada durante un segundo debate, en el cual 16 concejales votaron a favor y 5 en contra, lo que marca el inicio de un proceso que podría cambiar el panorama del sector de telecomunicaciones en el país.
Según lo establecido por la normativa vigente, EPM debe ofrecer primero sus acciones a sectores solidarios antes de considerar grandes inversionistas. En caso de que no se concrete una venta en ese ámbito, Millicom, que actualmente controla Tigo-UNE, tiene el derecho de preferencia para adquirir las acciones. Este derecho otorga a Millicom una ventaja significativa en el proceso de adquisición.
El proceso de venta podría extenderse entre uno y dos años, o incluso más, debido a la magnitud y complejidad de la transacción. En este contexto, Millicom ha mostrado un interés activo en adquirir la participación de EPM, lo que podría ser un paso estratégico clave para la compañía. Paralelamente, Millicom está negociando con Telefónica y el gobierno colombiano la posible adquisición de Movistar, otra empresa relevante en el sector.
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La estrategia de Millicom apunta a fusionar Tigo con Movistar, lo que podría crear un operador de gran envergadura que rivalizaría directamente con Claro, uno de los principales actores en el mercado de telefonía móvil. No obstante, esta posible concentración de mercado ha generado preocupaciones, especialmente del presidente Gustavo Petro, quien ha expresado en redes sociales sus reservas sobre el impacto que esto podría tener en la competencia y los consumidores.
La determinación del precio de venta por parte de EPM será un factor crucial en las negociaciones. Millicom ha estimado que la participación accionaria de EPM podría valer cerca de 400 millones de dólares, un valor que será clave para definir los términos finales de la transacción.
El gerente de EPM, John Maya, señaló que, dada la complejidad del proceso y las negociaciones involucradas, la venta podría tardar hasta dos años en completarse. Este proceso no solo afectará a EPM y Tigo-UNE, sino que también podría reconfigurar el mercado de telecomunicaciones en Colombia, impactando a los principales actores del sector y a millones de usuarios en el país.