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Empresarios alertan sobre impacto de restricción a exportaciones a Israel en tratados comerciales

En el primer cuatrimestre del año las exportaciones de Colombia sumaron US$15.707,4 millones, de las cuales las que van a Israel representaron 0,6%.

Imagen de archivo/Alternativa

El Decreto 1047 de 2024, que impone la prohibición de exportar carbón a Israel, ha encendido alarmas en el sector empresarial colombiano. La decisión del Gobierno Nacional de restringir estas exportaciones, justificada por razones políticas y diplomáticas, podría tener consecuencias más amplias, según advierten expertos y empresarios.

Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), expresó su preocupación, destacando que esta medida no solo afecta a la industria minero-energética, sino que también podría minar la credibilidad de Colombia en la implementación de tratados internacionales, incluyendo el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. "La suspensión de exportaciones de carbón a Israel pone en riesgo la confianza en el cumplimiento de acuerdos internacionales, aumentando la incertidumbre entre los inversionistas", señaló Triana.

Las empresas afiliadas al CEA Colombia, que generan más de 115,000 empleos en todo el país y reportaron exportaciones por valor de USD $4,364 millones en 2023, ven en esta prohibición una amenaza directa a su operación y al crecimiento económico del país. Muchas de estas empresas operan bajo el Plan Vallejo, que las obliga a exportar productos en lugar de venderlos en el mercado local, lo que podría llevar a incumplimientos de los tratados comerciales vigentes.

Además, la prohibición podría resultar en una pérdida aproximada del 5% de las exportaciones totales de carbón de Colombia, lo que representa cerca de 447 millones de dólares, afectando significativamente los ingresos de las empresas y las comunidades dependientes de esta industria.

Triana y otros expertos instan al Gobierno a reconsiderar el decreto, sugiriendo que cualquier medida de este tipo debería ser tomada después de un amplio y consensuado diálogo con el sector empresarial.

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