Apenas iniciado el 2024, el Gobierno de Colombia ha propuesto una nueva reforma tributaria que ha generado diversos debates y opiniones entre expertos y líderes empresariales. La iniciativa busca reducir gradualmente la tasa de impuesto de renta para las empresas, pasando del 35% al 30%, con el objetivo de brindar alivio financiero a las compañías y fomentar la reinversión de recursos.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó inicialmente su apoyo a la propuesta, destacando la importancia de reducir la alta tasa corporativa para impulsar la inversión y la economía. Sin embargo, subrayó la necesidad de conocer más detalles antes de emitir una opinión definitiva.
Por otro lado, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, puso en duda la neutralidad fiscal de la iniciativa, sugiriendo que se podría estar buscando un efecto fiscal neutro mediante la transferencia de impuestos de las empresas a personas naturales con ingresos más altos.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) también emitió opiniones mixtas, reconociendo beneficios como el aumento de recursos disponibles para reinvertir y la mejora de la competitividad, pero señalando preocupaciones sobre una posible presión fiscal aumentada para las personas naturales.
El experto tributarista Ángel Custodio Cabrera sugirió enfocarse en gravar con más fuerza a los dueños del capital y abogó por esperar y buscar consensos antes de implementar cambios tributarios.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, enfatizó la necesidad de adoptar acciones inmediatas para la reactivación económica y del empleo junto con cualquier cambio tributario. Además, señaló que la propuesta genera incertidumbre y llega a un Congreso ya saturado con otras reformas.
El escenario legislativo para la nueva reforma tributaria se presenta desafiante, dado el contexto de otras cuatro reformas en trámite (educación, salud, laboral y pensional), lo que podría afectar los procesos y resultados.