En el accidentado trámite que ha tenido hasta ahora en el Congreso el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno, ha surgido un gran debate alrededor de los aprendices del SENA que deben contratar las empresas. Lo que se intenta dentro de la iniciativa es lograr que las compañías efectivamente cumplan una antigua norma laboral que se conoce como el “Acuerdo 10” con respecto a la cantidad de aprendices del SENA que se deben tener en la nómina, relacionado a la cantidad de empleados totales.
Algunas empresas efectivamente reclutaban a los aprendices, pero no en todos los casos les pagaban y no en todos los casos cumplían la respectiva cuota que predica la norma. Con este nuevo proyecto se busca persuadir a través de multas, a que las compañías contraten todos los aprendices del SENA que dictan las normas con contratos formalizados.
Si una empresa no contrata a todos los aprendices que tiene que contratar, entonces deberá girar al SENA el correspondiente recurso equivalente en salario mínimos mensuales legales vigentes, todo con el afán de que a la empresa le de igual contratar, o no, ya que el costo laboral será el mismo.
De acuerdo con el articulado que contiene el proyecto de reforma, el Gobierno estaría presuntamente considerando aportar recursos significativos que saldrían del Presupuesto General de la Nación para devolverle a las empresas que decidan contratar a los aprendices del Sena. No es muy claro el tamaño de este nuevo “subsidio corporativo” pues la discusión no va a ese nivel de detalle, y dependerá de la reglamentación de la reforma eventualmente.
En algunos países de la región hay figuras similares que buscan apoyos para que la población de estudiantes tenga mejores posibilidades en sus primeros empleos en el mundo laboral. La cifra que sí se ha discutido en el Congreso es la presentada por el Ministerio de Trabajo, que considera que con un escenario moderado se estaría logrando un cambio positivo para al menos 440 mil estudiantes anualmente.
Jorge Londoño, el exgobernador de Boyacá por el Partido Verde y actual director del SENA, declaró al respecto del asunto: “Celebramos que la Cámara de Representantes haya aprobado en segundo debate la laboralización del contrato de aprendizaje. Los aprendices y las aprendices ganarán no el 50 %, como está en la ley actual, sino el 60 % de un salario mínimo. En su etapa productiva, ganarán el 100 % del 75 % que hoy están devengando. Además, el 50 % de la monetización irá destinado a la ayuda de sostenimiento de estos aprendices, en una labor mancomunada de esta entidad, de los Ministerios de Trabajo y del Interior, y de SindeSENA”. La meta que se puso la entidad para la vigencia 2024 es de 364.000 contratos de aprendizaje en total. Con la aprobación de la norma ellos esperan que el número de contratos de aprendices aumente entre 30 % y 40 % para el año 2025 y de ahí en adelante.
Hasta ahí la iniciativa parece loable, y trae un impulso teórico soportado por los estudios macroeconómicos internacionales que han indagado el fenómeno del primer empleo. Las naciones deben buscar mecanismos para estimular la creación de ese tipo de puestos de trabajo, pues el desempleo juvenil está desbordado por todas las latitudes.
El problema está en la forma y la ejecución de la propuesta. Algunos analistas locales han señalado que las condiciones con las que los empresarios tienen que lidiar en nuestro país, no dan para nuevas cargas o impuestos adicionales. Los márgenes de todas las industrias se han venido acercando a cero de manera acelerada, muchas compañías están intentando sobrevivir para no tener que cerrar.
Esa es la parte de la ecuación que el Ministerio de Trabajo no está observando. Las reformas e ideas que propone la ministra Gloria Inés Ramírez, son las típicas ideas de aquellas personas que jamás han montado una empresa y no saben lo que cuesta realmente sostener un puesto de trabajo. Hay una gran cantidad de compañías que por el tamaño de menos de 10 empleados no se van a ver afectadas. El problema está en el segmento de pequeños negocios, mipymes y pymes que tienen entre 10 y 100 empleados. En la teoría, después de tener 10 empleados comienza la obligatoriedad de incluir un aprendiz del SENA con contrato laboral formal. Esto quiere decir que para un pequeño negocio, 10 empleados se convierten automáticamente en 11 empleados, y la sobrecarga en planilla y otros costos asociados puede hacer que el escaso margen operacional o neto desaparezca con esta distorsión forzada.
A medida que sube el número de empleados aumenta linealmente el número de aprendices del SENA en cada nuevo rango, lo que va empeorando el problema, especialmente cuando toca contratar personal al cual no hay trabajo que asignar, pero sí un costo laboral adicional en el cual hay que incurrir. El Acuerdo 10 sobre los aprendices del SENA es un esperpento laboral que lo único que va a lograr es que los empresarios despidan una fracción importante de sus trabajadores, para poder cumplir con la norma destruyendo la productividad de las compañías. Un sobrecosto laboral que inevitablemente se convertirá en el mediano plazo en mayor desempleo.