La Contraloría General de la República emitió una advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, señalando que su implementación podría resultar en la paralización de las actividades del Estado y constituir un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria.
El ente de control expresó su preocupación por la falta de desagregación detallada de los gastos de inversión, especialmente en proyectos estratégicos, lo cual podría afectar la recuperación económica del país, tras la desaceleración experimentada en el año anterior.
La Contraloría identificó tres acciones sobre las cuales puso su atención. En primer lugar, destacó que no se ha desagregado de manera detallada los gastos de inversión en proyectos, como lo establece la técnica presupuestal. Además, señaló que una cantidad significativa de recursos, equivalente a $18 billones, permanece en partidas globales y estará sujeta a autorizaciones discrecionales de la Presidencia de la República, lo cual podría afectar la celeridad en la ejecución del Presupuesto.
Otra preocupación planteada por la Contraloría es la falta de discriminación y claridad en las vigencias futuras en la liquidación del Presupuesto. El ente de control hizo uso de sus poderes adquiridos de control concomitante y preventivo, otorgados por la reforma constitucional de 2019, para señalar estas deficiencias en el proceso.
A pesar de que el Ministerio de Hacienda intentó rectificar el decreto inicial con uno nuevo que desagregaba los recursos faltantes, la Contraloría considera que esto solo resolvió parcialmente el problema. Señaló que el nuevo decreto no deroga completamente el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, manteniendo así la falta de desagregación de una parte importante de la inversión en proyectos viales y otros sectores.
En resumen, la Contraloría advierte que las deficiencias en el decreto del Presupuesto podrían dar lugar a una demanda de legalidad y afectar la ejecución de los recursos del Estado, lo cual tendría graves repercusiones en la gestión pública.