El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) debe efectuarse con cautela, de modo que no comprometa la estabilidad fiscal de Colombia. Según Rodríguez, cualquier cambio en la estructura del SGP debe velar por la sostenibilidad económica del Gobierno Nacional Central (GNC).
Rodríguez enfatizó la necesidad de mantener un equilibrio entre la capacidad financiera de las regiones y la sostenibilidad fiscal del gobierno central. Explicó que una redistribución de los recursos sin un análisis profundo podría desembocar en un “desequilibrio desde el punto de vista fiscal en las finanzas del país”.
Para el Contralor, uno de los retos principales es fortalecer las finanzas territoriales mientras se garantiza el equilibrio fiscal a nivel nacional. Al respecto, señaló que, de no lograrse este equilibrio, la Corte Constitucional podría considerar inconstitucional una reforma que no proteja la estabilidad fiscal.
Rodríguez también hizo referencia al actual ordenamiento legal y mencionó la importancia de asegurar la representación equitativa de los departamentos en el Senado de la República. Asimismo, propuso que el gobierno respalde la creación de la Comisión Octava Constitucional de asuntos territoriales en el Congreso, al afirmar que “sería útil, pues hay proyectos de ley que se tramitan sin especialidad en las comisiones que se asignan”.
Durante su intervención, el Contralor reconoció como legítima la inconformidad de las regiones frente a la desproporción existente entre sus responsabilidades y los recursos que reciben a través del SGP. Esta situación, agregó, ha sido una crítica constante a la estructura actual del sistema de transferencias.
En el Congreso se ha planteado que cualquier ajuste al sistema de transferencias debe estar acompañado por una ley que asegure previamente los recursos para el gobierno central y reasigne competencias sobre el uso de los recursos transferidos a las regiones. Dicho ajuste, según los legisladores, permitiría una mejor organización en la distribución y aplicación de los fondos.
El Contralor subrayó que la implementación del Acto Legislativo orientado a garantizar la estabilidad financiera del nivel central dependerá de la aprobación de una ley que regule la redistribución de competencias. Según sus palabras, dicha ley garantizaría que el gobierno central pueda cumplir con sus compromisos.
Rodríguez señaló que la descentralización y autonomía territorial no podrán concretarse sin una modernización de la administración pública. En su opinión, es necesario transformar la institucionalidad en todos los niveles de gobierno para lograr un avance real en la gestión descentralizada del país.