El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres), Félix Martínez, informó sobre una nueva irregularidad detectada en el sector salud del país. Diez Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), ubicadas en la región de la costa Atlántica, fueron sancionadas tras una auditoría realizada este año. Estas IPS, conocidas como “clínicas fantasmas”, no existían físicamente, aunque seguían siendo financiadas por el sistema de salud.
De acuerdo con Martínez, los auditores que visitaron las direcciones registradas de estas entidades no encontraron ningún centro médico en esos lugares.
Las clínicas, que figuraban como habilitadas para ofrecer servicios de salud, no eran más que direcciones falsas utilizadas para cobrar al sistema. Se estima que los cobros de estas IPS fraudulentas ascienden a cerca de 25.000 millones de pesos.
Las IPS involucradas en el escándalo son Mediclinic Mi Ser IPS, ConfianSalud IPS L&M, IPS Premium Salud M&A, Previmed Clinic, Unidad de Cuidados Intensivos Milenium, IPS Saddai Salud, VTS Servicios Integrales de Salud, Suites Medical IPS, IPS Servicios Médicos Biotech de Colombia y N&L Servicios de Salud. Todas ellas se encuentran bajo investigación por fraude y falsificación de documentación.
El director de la Adres también mencionó que, en un esfuerzo por frenar el fraude en el sector salud, hace dos meses se congelaron pagos por un total de 70.000 millones de pesos a 52 IPS en todo el país, debido a irregularidades detectadas. De estas, 33 se encuentran bajo investigación, mientras que 29 no han respondido a los requerimientos de la entidad, lo que podría sugerir que también son clínicas fantasmas.
A pesar de los casos de fraude, algunas IPS que habían sido suspendidas temporalmente recibieron el levantamiento de la sanción. Nueve IPS lograron demostrar su existencia y resolución de problemas de identificación o habilitación. Según Martínez, la Adres continuará trabajando para garantizar que todas las IPS que operen en el país estén debidamente habilitadas y registradas ante las autoridades sanitarias.
Martínez subrayó que cualquier IPS debe estar habilitada por las autoridades competentes para operar legalmente. De lo contrario, cualquier prestación de servicios médicos sería considerada ilegal y podría implicar consecuencias severas tanto para los responsables como para los beneficiarios del fraude.