La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha emitido un comunicado reiterando su postura sobre la inviabilidad financiera del proyecto de concesión Autopistas del Caribe, específicamente el corredor de carga Cartagena-Barranquilla. Tras una revisión contractual iniciada en 2022, la ANI sostiene que no ha sido posible encontrar alternativas que aseguren el cierre financiero del proyecto, dejando al descubierto un déficit estimado en $2.084 millones para el pago de compensaciones.
Según lo expuesto en el informe de la ANI, a lo largo de diez mesas de trabajo no se ha logrado hallar soluciones para garantizar la continuidad de esta importante obra de infraestructura vial. La concesión de Autopistas del Caribe es una iniciativa privada en la que el constructor asume la responsabilidad y el riesgo de estructurar el proyecto, con una inversión de $2,33 billones en gastos de capital y $4,42 billones en gastos operativos.
Un aspecto crucial resaltado por la ANI es que la financiación del proyecto se basa exclusivamente en el recaudo de peajes, sin aportes adicionales por parte del Estado. Sin embargo, la implementación de la estructura tarifaria diseñada para el proyecto ha enfrentado obstáculos significativos. Factores como disturbios civiles han afectado el funcionamiento de las casetas de cobro, impidiendo el incremento previsto en las tarifas, incluyendo aumentos de hasta el 139,71% más el IPC.
En particular, los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra representan conjuntamente el 46% del tráfico del corredor, pero han enfrentado dificultades en su operación, con cobros intermitentes y, en el caso de Arroyo de Piedra, la imposibilidad de entrar en funcionamiento. Estos problemas han impactado el recaudo necesario para la ejecución del proyecto, obligando a compensar los recursos faltantes por montos significativos.
De cara al futuro, la ANI advierte que a partir de diciembre de este año, el proyecto entrará en un déficit de $2.084 millones para el pago de compensaciones, lo que implica una situación crítica en la viabilidad financiera del mismo. Es evidente que se requiere una acción inmediata para abordar estos desafíos y garantizar la continuidad de este importante proyecto de infraestructura para la región.