En una iniciativa conjunta, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y la Actividad Finanzas para la Equidad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) buscan transformar el acceso a los créditos agropecuarios en zonas afectadas por el conflicto. Esta alianza tiene como objetivo principal democratizar y facilitar el acceso a los servicios financieros en 203 municipios, especialmente en áreas priorizadas por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Los corredores económicos identificados para la intervención son Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Catatumbo, Cauca y Nariño, Caquetá y Putumayo, y Meta, Guaviare y Guainía. A través de la iniciativa Finanzas para la Equidad, se busca mejorar la oferta y la demanda de servicios financieros, movilizando fondos para inversiones lícitas y productivas en estas regiones.
La colaboración entre Finagro y USAID se enfocará en simplificar la operatividad para el acceso a recursos de fondeo de Finagro, así como en transferir metodologías efectivas para la estructuración de créditos agropecuarios. Además, se implementarán modelos de garantía de portafolio y de fondeo global, abordando aspectos operativos, financieros, jurídicos, de riesgos y control de procesos.
El apoyo técnico de Finanzas para la Equidad se centrará en tres componentes clave. En primer lugar, se trabajará en la estructuración de modelos de garantía y fondeo global. Además, se llevará a cabo un programa para mejorar los procesos de originación de crédito agropecuario en instituciones microfinancieras. Finalmente, se apoyará la implementación del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.
Germán Sanz, oficial de Inclusión Financiera y Desarrollo de USAID, destacó la importancia de colaborar con el Gobierno colombiano y otras contrapartes para formular políticas públicas que impulsen la movilización de recursos financieros y mejoren la demanda de productos financieros en estas áreas estratégicas. La iniciativa tiene como meta movilizar $550 millones de dólares para fortalecer el acceso a servicios financieros en las zonas priorizadas.