No hay recursos para que el sistema de hospitales y clínicas preste un servicio adecuado a la ciudadanía. Hay un vertiginoso crecimiento en la cartera, una alta morosidad con proveedores y el fuerte impacto económico que ha causado la liquidación de algunas EPS. Esta compleja situación afecta el cumplimiento de las obligaciones de las IPS.
Así se desprende de la carta enviada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC- al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en la que le solicitan al Gobierno nacional la puesta en marcha de un “plan extraordinario de liquidez” para atender la grave crisis por la que atraviesan los prestadores de salud públicos y privados en el país.
En la carta, el gremio señala en que es necesario insistir en la urgente necesidad de generar medidas de liquidez para las IPS, por cuanto la dificultad del flujo de recursos económicos se ha vuelto constante, lo que conlleva a un crecimiento de la deuda y una alta morosidad, al tiempo que toda la responsabilidad en la prestación de servicios a los usuarios recae directamente sobre las instituciones hospitalarias públicas y privadas.
También el gremio le plantea al ministro Jaramillo la necesidad de que las liquidaciones de la EPS que se adelantan actualmente y las que puedan venir en el futuro, que se acompañen de medidas que protejan a la red hospitalaria. “Para ello, esperamos se concrete la creación del Fondo de Garantías impulsado por el gremio, que entraría a mitigar los efectos de las liquidaciones entre los prestadores de servicios de salud”.
En cuanto a las deudas la situación es muy delicada. El gremio señala que la cartera lejos de mejorar ha empeorado. La cartera con corte a junio del 2023 para las 207 instituciones que conforman la agremiación presenta un incremento del 14.7% frente al corte a diciembre del 2022.
“Esta situación se agrava con comportamientos cada vez más frecuentes como las demoras en las autorizaciones por parte de las EPS, disminución en los giros acordados, demora o nula conciliación y depuración de la cartera”, señala el informe.
Para hacerle frente a la crisis, la ACHC le hace una propuesta al Gobierno contemplada en seis puntos:
1. La urgente y plena aplicación del Giro Directo universal. Que se incluya a todas las EPS con algún tipo de medida o intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y se realicen los giros en los porcentajes suficientes para irrigar recursos hacia las IPS. En el régimen subsidiado los giros vienen alejándose del porcentaje mínimo establecido de 80 % y en el contributivo se desploman montos y número de IPS; En 2018 fueron 358 mil millones al mes entre 1.446 IPS y para 2023 bajó a 22 mil millones para 300 IPS; menos del 1% del total de la UPC neta.
2. Desinvertir las reservas técnicas de las EPS que, según la Supersalud en sus estados financieros a junio de 2023, tienen un monto cercano a los $ 18 billones de pesos y las respaldan inversiones por $ 5,3 billones aproximados, estos recursos inyectarían liquidez a la red hospitalaria.
3. Ampliar el cupo de redescuento con tasa compensada de créditos autorizada a Findeter bajo la línea “Compromiso salud liquidez”, con lo cual se podría irrigar recursos de capital de trabajo o sustituir deudas a las IPS. Solicitamos a la banca pública asumir el liderazgo y promover mejores condiciones de acceso en esta línea.
4. Asignación de recursos para la Compra de Cartera a las IPS y que se exploren mecanismos adicionales para el pago de las obligaciones que se adquieran por parte de las EPS.
5. Revisión y optimización de los tiempos para el cobro de las atenciones con SOAT. Actualmente, el certificado de agotamiento de cobertura que deben emitir las aseguradoras demora meses, se formulan glosas a las facturas y para aclararlas conceden citas que van hasta febrero y marzo del 2024 y hasta que no aclaren las cuentas, no expiden dicho certificado, sin el cual, no es posible radicar ante la ADRES. Ese requisito debe ser modificado.
6. Por último y no menos importante, proponemos que la destinación de 0.5 puntos del IVA social al Sistema de Salud, que fuera autorizada en una pasada Reforma Tributaria, pueda orientar su uso de forma específica a la liquidez del sistema prestador de servicios de salud.