El Consejo de Estado aceptó la demanda de nulidad contra el Acuerdo 10 del 29 de diciembre de 2023, emitido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este acuerdo contempla modificaciones en la lista de oficios y ocupaciones y establece una nueva fórmula de cálculo para la cuota de aprendices, lo cual ha generado inquietudes en diversos sectores empresariales.
La demanda fue presentada por el abogado Cristian Eduardo Stapper, quien señaló los riesgos que conlleva la implementación de estas nuevas medidas, especialmente en sectores como aseo, transporte y logística. Según Stapper, el acuerdo podría afectar gravemente la sostenibilidad económica de estas industrias debido a los costos adicionales que implica.
El consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez será el encargado de estudiar la solicitud de suspensión provisional de este acuerdo, cuya decisión podría definir el futuro de la norma. Este acuerdo "actualiza el listado de oficios y ocupaciones establecido en el Acuerdo 0009 de 2005", e incluye actividades polémicas como "gigoló, adivinador y hechicero", entre otros, lo cual ha desatado un debate público sobre la idoneidad de dichas categorías en el sistema.
"Confiamos en que el análisis del Consejo de Estado tendrá en cuenta las consideraciones planteadas por los distintos actores, en aras de construir un sistema que promueva la empleabilidad y el crecimiento económico de forma sostenible", declaró Cristian Stapper, actual vicepresidente de Fenalco, refiriéndose a la importancia de una regulación que equilibre las necesidades del sector productivo con las de formación profesional.
Además de los cambios en la lista de oficios, el Acuerdo 10 también modifica la forma en que se calcula la cuota de aprendices que cada empresa debe asumir. A diferencia del cálculo anterior, que se basaba en el número de empleados administrativos, la nueva normativa exige que la cuota de aprendices se base en el total de empleados de la empresa, lo cual, según las voces del sector, incrementaría sustancialmente los costos operativos.
El impacto de esta modificación podría traducirse en un aumento significativo de la carga tributaria para las empresas, lo que ha generado rechazo en algunos gremios. Sectores empresariales consideran que el ajuste en el cálculo de la cuota SENA de aprendices impone una carga adicional que puede afectar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial en el país.