El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la resolución de la Contraloría General de la República que responsabilizaba a Hernando José Gómez por un supuesto detrimento patrimonial relacionado con la modernización de la refinería de Cartagena. En su fallo, el Tribunal concluyó que no se demostró de manera clara la vinculación directa de Gómez con las pérdidas que se atribuían a dicho proceso.
La decisión del Tribunal se basa en la falta de pruebas que establecieran una conexión directa entre las decisiones de Gómez y los presuntos sobrecostos. Según el fallo, la Contraloría cometió errores metodológicos en el cálculo de los sobrecostos y no logró vincular de manera precisa las acciones del exdirectivo con el detrimento fiscal señalado.
En abril de 2021, la entidad calificó las pérdidas como uno de los mayores desfalcos en la historia del país. Sin embargo, tres años después, la decisión del Tribunal cuestiona los cimientos de esa investigación.
En entrevista con Revista Alternativa, Uriel Amaya, abogado de ocho exdirectivos de Reficar, criticó duramente la actuación de la Contraloría, asegurando que se basó en “supuestos daños” sin “sustentación jurídica”.
Según Amaya, tanto la Contraloría como la Procuraduría concluyeron que no existían responsabilidades ni irregularidades, y que las conductas de los directivos beneficiaron a la refinería.
“Es muy grave, desde todo punto de vista, desde la credibilidad y legitimidad de la Contraloría, cuando toma decisiones y adelanta procesos. Hace escándalos mediáticos donde pone en tela de juicio la conducta de los agentes públicos, calificándolos de corruptos y acelera la existencia de unos supuestos daños, con unas cifras absolutamente absurdas, para dar una imagen equivocada y mal fundamentada a la opinión pública”.
El abogado defiende a Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Reyes Reinoso, Uriel Salazar, Andrés Riera, Magda Manosalva y Carlos Bustillo.