El 21 de septiembre, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) activó un plan de emergencia para asegurar el funcionamiento de los cementerios distritales de Bogotá. Esta medida se tomó en respuesta a la decisión del operador Jardines de Luz y Paz de cesar sus operaciones, en medio de un proceso de sanción e inhabilidad por presuntos incumplimientos contractuales.
El proceso sancionatorio contra el operador incluye cinco sanciones, cuatro de las cuales fueron impuestas durante la administración anterior y una en la actual Alcaldía de Carlos Fernando Galán. Según la Uaesp, estas irregularidades serán puestas en conocimiento de las autoridades para defender los intereses de la ciudad. La quinta sanción fue notificada al operador el pasado viernes, lo que, según la Ley 1474, podría llevar a su inhabilitación automática.
Juan Estrada, asesor jurídico de la Uaesp, explicó que se contempla el uso de la fuerza pública para reabrir los cementerios y garantizar el servicio a la comunidad. Estrada indicó que los cementerios son bienes fiscales y que el concesionario no puede tomar decisiones unilaterales sobre su operación. “El distrito, al amparo de la ley, y si toca con el uso de la fuerza pública, abrirá los parques cementerios hasta que se solvente la situación definitiva desde el punto legal”, afirmó Estrada.
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Por otro lado, Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, respondió a las acciones de la Uaesp con una denuncia ante la Fiscalía contra la directora de la entidad, Consuelo Ordóñez. Parada alegó que Ordóñez le habría solicitado una coima de $5 mil millones de pesos a cambio de prorrogar el contrato de concesión y adjudicar un contrato de mantenimiento por un valor de $50 mil millones.
La denuncia presentada por Parada se suma a las tensiones entre el operador y la Uaesp, que ha llevado a la suspensión de las operaciones en los cementerios. Consuelo Ordóñez, por su parte, está recusada en relación con los procesos sancionatorios en curso contra Jardines de Luz y Paz.
El cese de operaciones del operador y la activación del plan de emergencia por parte de la Uaesp ocurren en un momento crítico para la gestión de los cementerios distritales de Bogotá. La situación continúa siendo monitoreada mientras se espera una resolución legal definitiva.