El precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza es investigado por delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos por un negocio del 2013.
Fajardo, quien estaría inhabilitado para posesionarse como presidente si es electo por el caso de Hidroituango, deberá ir a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
El caso por el que responderá está relacionado con un contrato que firmó el 5 de diciembre de 2013, cuando era gobernador de Antioquia. El documento se refiere a un préstamo de 98 millones de dólares como sustitución de deudas en pesos. La financiación terminó haciéndose, pero se efectuó sin estudios ni sustentación de la necesidad de hacerlo en dólares.
La Fiscalía explicó: “Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos”.
Fajardo ha dicho a su favor que actuó siguiendo las recomendaciones de los funcionarios y asesores especializados, y que él no podía prever lo que sucedería con el dólar y el consecuente detrimento fiscal.
La Corte Suprema hará el juicio el próximo año y su resultado puede sepultar las aspiraciones políticas del exalcalde de Medellín y exgobernador de 65 años de edad.