EFE. Vladímir Kara-Murza, condenado a 25 años de prisión, es un periodista y disidente azote del Kremlin, que desde el inicio de su carrera luchó del lado de la oposición y cuyo deseo de regresar a Rusia para cambiar la situación desde dentro tras el inicio de la campaña militar en Ucrania resultó fatal para su futuro.
«Imponer a Kara-Murzá una pena de 25 años de prisión a cumplir en una cárcel de alta seguridad con restricción posterior de libertad por un año y seis meses», señala el fallo, leído por el juez Serguéi Podoprigórov.
La condena del destacado disidente generó una gran expectación y reunió en el edificio del Tribunal Urbano de Moscú a cerca de un centenar de periodistas y diplomáticos.
En su última intervención, la semana pasada, Kara-Murzá aseguró que no se arrepiente «de nada» y que ama a Rusia.
«Estoy en la cárcel por mi postura política, por estar en contra de la guerra en Ucrania, por mi larga lucha contra la dictadura de (el presidente ruso, Vladímir) Putin», afirmó el opositor, quien dijo sentirse orgulloso de que le introdujera en la política el opositor Borís Nemtsov, asesinado en 2015 cerca del Kremlin.
El tribunal también impuso una multa de 400.000 rublos (cerca de 5.000 dólares) a Kara-Murzá y le prohibió ejercer el periodismo durante siete años.
El disidente, de 41 años, fue hallado culpable de alta traición, delito que se castiga con hasta 20 años de cárcel, difusión de información falsa sobre la actuación del Ejército ruso en Ucrania y cooperación con una ONG declarada indeseable por la Justicia rusa.
El juez satisfizo de esa manera la demanda de la Fiscalía que había pedido para Kara-Murzá 25 años de prisión.
La defensa ya anunció que recurrirá esta sentencia. «Creemos que durante el proceso judicial se cometieron varios fallos y vamos a recurrir», aseguró la letrada María Eismont, citada por la agencia TASS.
De acuerdo con la abogada, el propio Kara-Murzá reaccionó a la sentencia diciendo que prueba su valía como «ciudadano y político».
¿Quién es Kara-Murzá?
Declarado agente extranjero por las autoridades rusas y considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), regresó a Rusia desde EEUU, donde residía, el año pasado pese a las numerosas advertencias de su entorno ante la creciente represión contra la oposición y su propia experiencia negativa tras haber sobrevivido a sus 41 años dos envenenamientos en 2015 y 2017.
Según el colectivo de investigación Bellingcat, Kara-Murzá fue seguido por la misma unidad del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) que luego envenenó con una sustancia química de uso militar al líder opositor Alexéi Navalni, que a su vez cumple ocho años de cárcel.
«Si alguien quería asustarnos, lo consiguió», dijo el padre de Kara-Murzá, Vladímir, también periodista, ya fallecido, al comentar los envenenamientos.
La persecución contra el opositor, que entró en política con 18 años, viene de lejos: los tatarabuelos de Kara-Murzá por parte de padre, diplomáticos letones, fueron asesinados por el NKVD, precursor de la KGB soviética. Su abuelo estuvo en un campo de concentración.
Entre sus ancestros se cuenta un aristócrata tártaro: su apellido se traduce como Príncipe Negro.
Casado y con tres hijos, el opositor entró en política con 18 años, donde conoció al dirigente opositor ruso Borís Nemtsov, asesinado a tiros en 2015 junto a la Plaza Roja y de quien era estrecho colaborador.
En 2003 ya intentó conseguir un escaño en la Duma del Estado por primera vez, algo que el partido oficialista Rusia Unida, no le permitió.
Varios meses después formaría junto a Nemtsov, el ajedrecista Gary Kaspárov, y otros políticos el Comité-2008: Libre Elección que buscaba elecciones presidenciales libres y democráticas en 2008.
En 2010, Kara-Murzá, Nemtsov y otras fuerzas de la oposición fueron coautores de un llamamiento titulado «Putin debe irse», que estaba abierto a la firma de cualquier persona en una web específica.
El llamamiento decía: «En el corazón de la estructura social y política que está destruyendo Rusia, y que actualmente se impone a los ciudadanos de nuestro país, hay un individuo que actúa como arquitecto, curador y protector. Su nombre es Vladímir Putin».
La petición logró reunir más de 150.000 firmas, pero Putin nunca dejó el poder.
El opositor, que escribía artículos de opinión en medios como «The Washington Post, el Wall Street Journal y el Financial Times, entre otros medios, además de para la desaparecida cadena de radio Eco de Moscú y el diario crítico Novaya Gazeta, se instalaría pronto en EEUU al frente de la oficina de la red de televisión rusa RTVI allí.
Pero siempre regresaba a Rusia. En 2012 fue despedido de la cadena y su acreditación como periodista ruso revocada.
Desde EEUU Kara-Murzá defendió la aprobación de la llamada Ley Magnitsky por el Congreso estadounidense que persigue a rusos y extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Esta ley, aprobada en 2012, estaba dirigida inicialmente contra funcionarios rusos y otras personas involucradas en el asesinato en 2009 del abogado Serguéi Magnitsky, que había destapado casos de corrupción.
El opositor cooperó también con el empresario exiliado Mijaíl Jodorkovski en Rusia Abierta, antiguo movimiento dedicado a la defensa de los derechos civiles y la democracia en Rusia.
Entre su último envenenamiento y su detención en Rusia, Kara-Murzá fue vicepresidente de la Fundación Rusia Libre, también declarada organización indeseada.
Tras el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, en 24 de febrero de 2022, el político se sumó al Comité contra la guerra, una organización creada por empresarios y científicos para apoyar a los rusos que se fueron del país y reunir ayuda humanitaria para Ucrania.
Al regresar a Rusia, Kara-Murzá tenía pensado luchar desde dentro por un cambio, aunque era consciente de lo que le podía pasar.
En marzo pasado estuvo en EEUU y pronunció un discurso en la Cámara de Representantes de Arizona sobre el «régimen de Putin» y «bombas sobre barrios residenciales, hospitales y escuelas».
A principios de abril regresó a Rusia y el día 11 de ese mismo mes fue detenido y enviado a prisión preventiva, acusado ya de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, cargo al que luego se añadió el de traición.
En octubre de 2022 fue distinguido con el Premio Václav Havel de Derechos Humanos otorgado por el Consejo de Europa.
En sus últimas palabras ante el tribunal ruso, Kara-Murzá, que se declaró no culpable, recalcó que ya sabía cuál sería la condena, pero recalcó que no se arrepiente de nada.
«Solo me culpo de una cosa: de que en mis años de actividad política no supe persuadir a suficientes compatriotas y políticos de países democráticos del peligro que supone para Rusia y el mundo el actual régimen en el Kremlin».