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Varios cargos del partido de gobierno de España, (PSOE) han pedido estudiar o revisar la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, después de las revisiones de sentencias, rebaja de penas de prisión e incluso ordenes de excarcelación ordenadas para varios condenados por delitos sexuales. Sin embargo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez defendió la norma y apeló a la sensibilidad de los jueces, aunque no haya descartado cambios.
«Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los tribunales y la fiscalía, que unifiquen criterios y, a partir de ahí veremos qué pasos dar», explicó el presidente del Ejecutivo en una rueda de prensa en Bali después de la clausura de la Cumbre del G-20.
También se han pronunciado en esta línea la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien ha instó a «corregir inmediatamente» el «efecto perverso» de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero (Unidas Podemos) y exvicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que señaló que las «leyes técnicamente hay que hacerlas bien».
La nueva ley ‘sí es sí’ elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual. Es decir, que toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.
También se introduce el agravante por sumisión química: usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima, algo considerado hasta ahora abuso, pasará a ser agresión.
LOS TRIBUNALES HAN REBAJADO OCHO CONDENAS
Hasta el momento los tribunales ya han rebajado al menos ocho condenas de abusos sexuales por la aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’, impulsada por el Ministerio de Igualdad, y se espera que tengan que revisar decenas de sentencias más toda vez que la reforma del Código Penal resulta «más favorable al reo».
Entre los casos que han trascendido hasta el momento constan cuatro en la Comunidad de Madrid, dos en Baleares, una en Murcia y una en Galicia. Los magistrados han explicado en sus resoluciones que las rebajas responden a la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
En uno de los casos la Audiencia Provincial de Baleares ordenó incluso la excarcelación inmediata de dos presos que cumplían una pena de tres años de prisión por dos agresiones sexuales sin penetración, tras revisar sus casos en virtud de la aplicación de la nueva ley.
Los tribunales señalaron que aunque la ‘ley del solo sí es sí’ no aclara si debe ser o no aplicada a procedimientos en trámite o con sentencia firme, el propio Código Penal indica que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo».
El origen de la ley
El 7 de julio de 2016 cinco jóvenes sevillanos, que se hacían llamar La Manada y que habían acudido a Pamplona a celebrar los Sanfermines, acorralaron a una chica madrileña de 18 años en el portal de una vivienda y cometieron sobre ella todo tipo de prácticas sexuales mientras lo grababan por teléfono.
La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y el movimiento social que provocó el escaso reproche penal a La Manada, motivó al Ministerio de Justicia a impulsar la creación de una comisión de expertos para estudiar una posible modificación de la tipificación de los delitos sexuales.
Este proyecto quedó aparcado al convocarse elecciones en abril de 2019. Con el nuevo Ejecutivo, el Ministerio de Igualdad tomó el testigo y fijó como una de sus prioridades retomar la reforma con el objetivo de regular el consentimiento expreso en las relaciones sexuales.
Tras un camino de vicisitudes que ha durado 16 meses, con desacuerdo entre Justicia e Igualdad, el proyecto de ley acaba con la distinción de abuso y violación, y agrava las agresiones grupales, la violencia grave o la especial vulnerabilidad de la víctima.
Además, considera violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.