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Bogotá, 3 oct (EFE).- Un informe del Ministerio del Interior de Colombia revelado por la Revista Cambio Colombia sugiere que la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC cometieron contra una población rural del departamento colombiano de Córdoba fue un montaje realizado por militares y líderes aliados con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
El pasado 10 de septiembre, en Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC intimidaron y amenazaron a los habitantes de ese caserío, situación a la que no escaparon niños y mujeres.
El Ejército informó que eran 24 los militares que participaron en esta acción (un oficial, 2 suboficiales y 21 soldados) y que, cuando se conocieron los hechos, fueron trasladados a Montería (capital de Córdoba) para que las autoridades puedan investigar los hechos sin interferencia de los protagonistas.
Tras lo ocurrido, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció el retiro de 18 militares de la institución por la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC llevaron a cabo contra una comunidad rural del departamento caribeño de Córdoba.
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Objetivo de la intimidación
Según lo publicado por Cambio Colombia, la hipótesis del informe del Ministerio del Interior es que todo hace parte de una estrategia del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El documento señala que esa banda criminal, miembros del Ejército y algunos campesinos están hostigando a indígenas que habitan la región para sacarlos de allí y apropiarse de sus cultivos de coca, para «quedarse con toda la cadena del negocio del narcotráfico».
Igualmente, otra de las hipótesis de lo ocurrido en Bocas de Manso es que los uniformados disfrazados querían «robarse el dinero que tenían en sus casas algunas familias cocaleras».
Desde el Ministerio de Interior, tras las revelaciones de Cambio Colombia, han indicado que ellos no son «fuente» de ese informe, sino que lo que han hecho es «recoger el conjunto de las versiones» de los testigos, organizaciones, etc. y «elaborar un informe reservado para los ministros y el presidente para que tengan en cuenta el conjunto de versiones que se dan en el territorio y la complejidad de la situación«.
«Nuestro informe no versa sobre responsabilidades penales, no versa sobre información de inteligencia, nosotros no tenemos competencia legal para eso. Nuestro informe exclusivamente recoge el conjunto de las actividades por nosotros realizadas y el conjunto de versiones comunitarias, de comunidad internacional y otros actores en la zona», aseguró a medios el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda.