La Unión Europea aplaudió este jueves la retirada por parte del partido de Gobierno en Georgia del polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros, que generó fuertes protestas esta semana, señalando que los actores políticos deben enfocarse en retomar la agenda de reformas europeas.
«Damos la bienvenida a que el partido gobernante retire la proposición de ley sobre ‘influencia extranjera’. Pedimos a todos los líderes políticos en Georgia que retomen la reformas proeuropeas», indicó la delegación de la UE en Tiflis, en un mensaje en redes sociales.
De esta forma, recalcó que el país debe encaminarse en reformas que le acerquen a los estándares comunitarios, avanzando de forma «inclusiva y constructiva» en línea con las prioridades marcadas por la UE para que Tiflis logre el estatus de candidato a la adhesión, tras serle reconocida la perspectiva europea el pasado junio.
La represión de las manifestaciones en Georgia, que se saldaron con varios decenas de detenidos, y el propio proyecto de ley generó críticas de la UE que señaló que la polémica ley sobre agentes extranjeros era «incompatible» con el acervo comunitario.
RETIRADA DE LA PROPUESTA TRAS FUERTES MANIFESTACIONES
Tras varios días de manifestaciones y disturbios en contra de esta legislación, que la oposición considera de «corte ruso», los impulsores de la medida han procedido a su retirada a pesar de que el borrador había obtenido ya el primer visto bueno de la Cámara.
Así, tras una serie de consultas internas, ambas formaciones han decidido proceder a la retirada del proyecto de ley dadas «las diferencias provocadas en el seno de la sociedad», según han explicado en un comunicado.
Las fuertes protestas desatadas contra la legislación se han saldado con decenas de personas detenidas y medio centenar de policías heridos en Tiflis, la capital. Los arrestados, considerados opositores al Gobierno georgiano, han sido acusados de desorden público y desobediencia a las autoridades por no seguir las directrices de los agentes.
Miles de personas han salido a la calle para protestar contra el proyecto de ley, que buscaba crear una ‘lista negra’ de organizaciones, medios de comunicación y entidades que reciben generalmente financiación de países extranjeros.