EFE. El protocolo, que solo se conoce por un comunicado del Ministerio de Defensa y el Alto Comisionado de Paz, «prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central FARC-EP en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil».
Y también incluye un «Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos».
Este mecanismo de veeduría incluye al Ministerio de Defensa, el Alto Comisionado para la Paz y a miembros internacionales y tendrá apoyo de la sociedad civil y la Iglesia católica.
El Gobierno incidió que el cese al fuego no implica que la fuerza pública vaya a dejar de ejercer «sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado».
«La Fuerza Pública seguirá actuando, respetando el cese al fuego bilateral y acatando los compromisos adquiridos en el protocolo suscrito, ejerciendo sus funciones y mandato constitucional, legal y reglamentario sin ninguna excepción», se explica en el comunicado.
El presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados -que luego rescindió con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)- entre los que se encuentra el Estado Central Mayor, comandado supuestamente por alias «Iván Mordisco».
Sin embargo, según reportes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones sociales, se han cometido varios eventos como secuestros, hostigamientos a patrullas o estaciones de Policía y enfrentamientos en zonas donde hay presencia del Estado Mayor Central y en varios casos se les ha acusado directamente.
IMPACTO DEL CESE EL FUEGO
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó la semana pasada un «desescalamiento» de la violencia de grupos armados «como consecuencia de las iniciativas para la solución dialogada de los conflictos», a pesar de que ha habido un aumento de masacres.
En el primer informe de seguimiento a los acuerdos de cese al fuego bilateral, Indepaz, a través de su Observatorio de DD.HH. y Conflictividades, reportó que durante enero, el primer mes en que está vigente el cese al fuego bilateral del Gobierno y cuatro grupos armados, no hubo homicidios de personas en proceso de reincorporación.
«Caso contrario, las masacres presentan un aumento registrando 12 casos, una menos que el último trimestre del año anterior (octubre-diciembre 2022)», se extrae del informe.
Además, en enero hubo también 11 casos de asesinatos de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, los mismos que en diciembre, 2 menos que en noviembre de 2022 y 9 menos que en octubre.
El mes pasado también se registraron 29 hechos considerados como violaciones al cese al fuego, según este Instituto a pesar de que no se conoce qué consideran las partes como violaciones porque no viene especificado en el decreto presidencial.