La propuesta, de la cual es ponente el congresista de Cambio Radical César Lorduy, tiene un artículo que blindaría a los funcionarios públicos ante investigaciones periodísticas.
La iniciativa con el polémico artículo avanzó al último debate en el Congreso, por lo cual las alarmas de los medios y gremios periodísticos ahora suenan más duro.
El articulo 68 del texto, que sufrió algunas modificaciones en el trámite, dice hoy que quien “mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses”.
Esto, dicen los críticos, prácticamente se convertiría en un blindaje para los funcionarios del sector público, dado el castigo que implicaría publicar cualquier denuncia en contra ellos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas, al igual que la Asociación de Medios de Información (AMI) y otras organizaciones que protegen este derecho fundamental en una sociedad democrática, pidieron eliminar ese artículo.
“Preocupa que el acoso judicial encuentre nuevos respaldos en la legislación, cuando la censura está prohibida por la Constitución. Reiteramos que la garantía de la libertad de prensa y expresión, y el derecho a la información no son el enemigo, son pilares de la democracia”, indicó la FLIP en un comunicado.
Lorduy dijo que en ningún momento se busca limitar el ejercicio de la prensa. “El proyecto tiene los propósitos de prevenir actos de corrupción; articular a las entidades en el uso, manejo y acceso a la información; recuperar los daños ocasionados y promover la cultura de la legalidad”, afirmó Lorduy , quien también se declaró defensor del periodismo.
El responsable del ‘mico’ es un secreto en el Capitolio. Lorduy dijo que “no sabe quién de los siete congresistas que redactaron la ley puso ese artículo”.